Que en mayo de 1937, menos de un año después de estallar la Guerra Civil en España, la zona republicana se enzarzara en una pelea interna para cambiar a su Presidente del Consejo de Ministros Largo Caballero, parece de incapaces. Hay que entender que el poder máximo lo tenía el Presidente de la República y hablamos del Presidente del Consejo de Ministros.
La crisis de mayo de 1937 en la zona republicana no se debió a una sola causa. Fue el desenlace de varios conflictos que venían acumulándose desde meses antes: primeras derrotas militares serias, enfrentamientos dentro del propio PSOE, creciente peso del PCE, tensión con los anarquistas de la CNT y, finalmente, los graves sucesos de Barcelona de mayo de 1937.
Francisco Largo Caballero presidía el Consejo de Ministros desde septiembre de 1936 y, además, acumulaba la cartera de Guerra. Su Gobierno era muy amplio: incluía socialistas, republicanos, comunistas y, desde noviembre de 1936, también ministros de la CNT. Había intentado reconstruir la autoridad del Estado y transformar las milicias en un Ejército Popular regular; y se destaca precisamente esa labor de militarización. El problema es que, durante los primeros meses de 1937, fue perdiendo apoyos por varios frentes.
La derrota de Málaga en febrero de 1937 aumentó las críticas contra su conducción militar. Los comunistas, sectores republicanos y los socialistas próximos a Indalecio Prieto consideraban que el Gobierno necesitaba una dirección militar más centralizada y eficaz y que Largo Caballero no debía seguir acumulando simultáneamente Presidencia y Guerra. Para mayo de 1937, según las anotaciones de Azaña —recogidas por la historiografía, republicanos, socialistas prietistas y comunistas— coincidían en que la situación no podía continuar del mismo modo. Pero el detonante inmediato fueron los llamados Sucesos de Mayo de Barcelona, entre el 3 y el 8 de mayo de 1937.
En Cataluña existía desde julio de 1936 una situación muy particular. La CNT-FAI conservaba un enorme poder político, sindical y armado; el POUM tenía también presencia revolucionaria; mientras que el PSUC, los republicanos catalanes y los organismos de la Generalitat intentaban recuperar para las instituciones públicas el control del orden público y de determinados servicios estratégicos.
El choque estalló el 3 de mayo, cuando fuerzas de orden público intentaron hacerse con el control de la central de Telefónica de Barcelona, que estaba bajo fuerte influencia de la CNT. La intervención provocó barricadas y combates callejeros. CNT y sectores del POUM quedaron enfrentados principalmente con fuerzas de la Generalitat y militantes del PSUC. Durante varios días Barcelona vivió prácticamente una guerra dentro de la guerra, con varios centenares de muertos.
Los acontecimientos tuvieron una enorme importancia política porque demostraban que, después de casi diez meses de guerra, el Gobierno republicano todavía no controlaba plenamente su propia retaguardia. A partir de ahí aparecieron dos concepciones bastante distintas dentro del campo republicano.
Por una parte, Largo Caballero quería mantener el equilibrio entre las diversas organizaciones obreras. Conservaba una relación especialmente importante con la UGT y trataba de no romper definitivamente con la CNT. También se resistía a adoptar determinadas medidas contra el POUM sin procedimiento legal.
Por otra, el PCE, los republicanos y los socialistas vinculados a Prieto defendían una mayor concentración del poder estatal: Ejército unificado, disciplina militar, control gubernamental del orden público y reducción del poder autónomo de milicias, sindicatos y organizaciones revolucionarias.
El conflicto definitivo apareció días después, entre el 13 y el 15 de mayo en el Consejo de Ministros. Los ministros comunistas plantearon una rectificación de la política militar y de orden público y reclamaron medidas contra el POUM, incluida su disolución. Largo Caballero se negó. Los ministros comunistas abandonaron la reunión y los socialistas prietistas y republicanos consideraron abierta la crisis. Conviene matizar una interpretación bastante extendida, No fue simplemente “los comunistas derribaron a Largo Caballero por orden de Moscú”.
La influencia del PCE y de la Unión Soviética en aquellos Consejos de Ministros era indudablemente importante —la URSS era el principal proveedor exterior de armamento de la República— y los comunistas fueron especialmente duros contra el POUM. Pero Largo Caballero había perdido también el apoyo de una parte considerable del PSOE y de los partidos republicanos. Las conversaciones recogidas por Azaña muestran que republicanos, socialistas prietistas y comunistas estaban ya coordinando una alternativa. Los acontecimientos de Barcelona fueron, por tanto, el detonante de una crisis que venía preparándose desde antes.
Largo Caballero intentó inicialmente reconstruir un Gobierno, pero quería conservar condiciones que los demás grupos no aceptaron. Finalmente presentó su dimisión al presidente de la República, Manuel Azaña. Le sucedió Juan Negrín López, también socialista.
Azaña le encargó formar Gobierno a Nagrín el 17 de mayo de 1937. La Gaceta de la República del día siguiente ya publica los decretos del nuevo gabinete firmados por «El Presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín López».
Negrín hasta entonces había sido ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero. Era médico y fisiólogo de formación, diputado socialista y pertenecía políticamente al sector más próximo a Indalecio Prieto. Los Archivos Españoles confirman que fue ministro de Hacienda desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937 y presidente del Consejo desde ese momento hasta marzo de 1939. También es importante aclarar por qué Azaña escogió a Negrín y no a Prieto, que probablemente tenía más peso político en aquel momento.
Azaña consideraba que Indalecio Prieto era más útil al frente de la nueva cartera unificada de Defensa Nacional. Para la Presidencia del Consejo de Ministros prefirió lo que él mismo denominó la «tranquila energía» de Negrín: un hombre relativamente joven, organizado y con capacidad de coordinar las distintas fuerzas del Gobierno.
El nuevo gabinete significó además un cambio muy importante en la guerra republicana: Juan Negrín: presidente del Consejo. Indalecio Prieto: Defensa Nacional, reuniendo Tierra, Marina y Aire. El PCE conservó presencia ministerial. Los partidos republicanos continuaron formando parte del Gobierno. CNT y UGT quedaron fuera del nuevo gabinete. Eso suponía pasar del modelo de Largo Caballero —un Gobierno que intentaba representar directamente a partidos y grandes sindicatos— a un Gobierno mucho más orientado hacia la centralización del Estado y del esfuerzo militar.
Después de la crisis vino además uno de sus episodios más controvertidos: el POUM fue ilegalizado en junio de 1937, sus dirigentes detenidos y su principal dirigente, Andreu Nin, fue secuestrado y asesinado por agentes vinculados al aparato soviético. Conviene separar este hecho de la caída de Largo: su negativa a perseguir al POUM contribuyó a la crisis, pero la represión más intensa se produjo ya bajo el Gobierno de Negrín.
El resultado fue mucho más que un simple cambio de presidente. Mayo de 1937 marca uno de los grandes puntos de inflexión políticos de la zona republicana: disminuye decisivamente el poder político de la CNT y del sector caballerista, desaparece el POUM como fuerza legal y aumenta el peso del Estado, del sector socialista próximo a Prieto-Negrín y del Partido Comunista.
Habría que saber con seguridad y sin manipulación qué ocurrió en Barcelona entre el 3 y el 8 de mayo de 1937, quién inició realmente el enfrentamiento de la Telefónica y por qué CNT, POUM, PSUC y Generalitat terminaron disparándose entre sí mientras todos combatían teóricamente en el mismo bando. Ahí está buena parte de la explicación de la caída de Largo Caballero.
Julio Puente